La vicepresidenta Gabriela Michetti viajó el jueves 12 de octubre a la provincia de San Luis en un avión ejecutivo, matrícula LV-CPL. Esa aeronave -un Lear 60 que aterrizó en la base aérea Villa Reynolds en Villa Mercedes- pertenece a Luis Grande, un piloto que registra una condena judicial en Río Negro por “negociaciones incompatibles con la función pública”.

Grande es uno de los dueños de la firma de taxis aéreos Baires Fly. El otro dueño sería Sergio Mastropiero, que ahora preside Avian, la reconversión de MacAir, empresa que pertenecía a la familia Macri.

Michetti reconoció que el motivo exclusivo de su desembarco en Villa Mercedes era el apoyo a los candidatos de Cambiemos, en especial a su secretaria privada -ni más ni menos- Gabriela González Riollo. Nadie informó, hasta ahora, quién pagó ese vuelo, cuyo costo superaría los 10 mil dólares.

Baires Fly cuenta con una flota de al menos 9 aviones y unos 70 empleados, según declaró en 2014 el gerente de Mantenimiento Mario Andelique, en el programa PPT de Jorge Lanata. Fue durante una emisión en la que el periodista estrella del Grupo Clarín cuestionaba a La Cámpora por el desplazamiento de empresas privadas que operaban en Aeroparque.

Ahora esas empresas no sólo recuperan hangares, sino que forman parte de la llamada “revolución de los cielos” de la que habló el ministro del Interior Rogelio Frigerio en su paso por la Villa de Merlo y Santa Rosa, lugares a los que llegó, por supuesto, en un vuelo ejecutivo.

En su caso, arribó el mediodía del viernes 13 al Aeropuerto Internacional del Valle del Conlara en una aeronave mejor equipada que la de Michetti, matrícula LV-FPW, perteneciente a Jet Net S.A.

El ministro del Interior venía de Córdoba, donde también participaba en acciones de campaña. En Merlo atendió dos entrevistas (FM Alternativa y Merlo TV) y luego participó en timbreos con los candidatos locales y provinciales de Cambiemos. La “revolución de los cielos” de la que habló, por supuesto, es la concesión de rutas aéreas a empresas “low cost” o de bajo costo, que muchos atribuyen a negocios vinculados al presidente Mauricio Macri y miembros de su gabinete.

Nadie informó, igual que en el caso de Michetti, quién cubrió el costo de semejante movida antes de las elecciones del 22 de octubre.